Ley de los tres avisos

Francia se convierte en el primer País que criminaliza a los usuarios de Internet que descargan contenidos de las redes P2P (redes de intercambio de contenidos).

A pesar de la manifiesta oposición a legislar la intrusión en un ámbito que la mayoría ha considerado, con sensatez, inviolable, como es la protección de datos personales y el acceso a Internet, el Gobierno de Sarkozy ha logrado instaurar su democrática Ley de los tres avisos.

Diputados de izquierdas, de centro e incluso del propio partido sarkozysta se opusieron y abstuvieron de votar a favor de la mencionada Ley. Incluso el Parlamento Europeo aprobó una enmienda negando legitimidad a la Ley francesa y el Consejo Constitucional francés declaró inconstitucionales varios artículos de la misma. Pero la cruzada del presidente francés contra la “piratería cultural” se impuso a todos sus detractores.

Para dar cumplimiento a esta Ley de los tres avisos, se ha creado una institución administrativa denominada HADOPI (Haute autorité pour la diffusion des ouvres et la protection des droits sur Internet), cuyos miembros son elegidos por el ejecutivo francés. Esta Alta Autoridad es la encargada de identificar a los usuarios “violadores de los copyright”, previa monitorización de sus actividades, y comunicar, a los ISP (Internet Services Provider) correspondientes, las IP (Internet Protocol) de cada uno. Para llevar a cabo esta acción, debe existir un previo examen del contenido de los datos transmitidos a través de las redes P2P, control que se realiza sin autorización judicial, al libre albedrío de la administración. Tras haber localizado e indagado en el contenido de las descargas de un usuario, si determinan que atenta contra derechos de propiedad intelectual, comunicarán tal situación a su proveedor de servicios de Internet, y éste último será el encargado de notificar al usuario la infracción cometida, en primer lugar mediante correo electrónico y si existe reincidencia, a través de correo certificado. En caso de que el usuario no cese en su actividad ilícita, el proveedor de servicios procederá a restringirle el acceso a Internet por un período que oscila entre los 2 meses y el año. Aunque esto no libera al infractor de seguir cumpliendo con sus obligaciones dinerarias hacia el ISP, convirtiendo así en una sanción administrativa el pago de una prestación de servicio anulada, como es el acceso a Internet.

He aquí una Ley que legitima a entidades privadas a conocer el contenido de nuestras descargas a través de la red, o dicho de otra manera, a violar el secreto de las telecomunicaciones y a restringirnos el acceso a Internet, que aunque no lo consideremos un derecho fundamental, tal como apunta la ministra de cultura francesa Albanel, si que es una puerta al ejercicio de muchos de ellos, como la libertad de expresión.

Por otro lado, si hablamos de los costes que supondrá adaptar las infraestructuras de las cuatro principales ISP francesas para monitorizar la red y hacer posible la vigilancia (40 millones de euros anuales), los números nos llevan directamente a los impuestos que verán incrementados los ciudadanos.

Así que la respuesta a esta aberración legislativa no se ha hecho esperar, y son cada vez más los métodos alternativos que surgen para eludir la aplicación de la Ley. Como son los procedimientos de encriptación de los contenidos a descargar, de manera que aun rastreando la IP y analizando los archivos descargados no sabríamos si éstos están o no protegidos por copyright, páginas donde ocultar la identidad informática de los accesos o métodos para descifrar el wifi de otra persona y así descargar contenidos suplantando su identidad. Como se suele decir, hecha la Ley hecha la trampa.

España no queda al margen de toda esta polémica. El eurodiputado socialista Manuel Medina presentó una propuesta favorable a la Ley francesa, y aunque la Eurocámara la rechazó, no ha quedado en suspenso de modo definitivo.

Hay que tener en cuenta que España es uno de los países con mayor número de descargas de contenidos a través de redes P2P, por lo que implantar una Ley de tales características supondría un esfuerzo financiero mucho mayor que el de Francia, se estima que costaría unos 100 millones de euros al año. Una carga económica que asumirían los ISP o los ciudadanos.

De cualquier modo, Francia ya ha dado sus primeros pasos para el control de la red bajo el estandarte de la protección de la propiedad intelectual. Habrá que ver si España se une en esta cruzada.