Piratas bajo la Red

Los jueces creen más probable cerrar las páginas de descargas ilegales que atacar al usuario

El pasado año los españoles se descargaron 350 millones de películas por Internet y se espera que el pirateo informático a pequeña escala y sin ánimo de lucro continúe creciendo en los próximos años. Precisamente, para abordar desde el punto de vista jurídico la defensa de la propiedad intelectual frente a las descargas ilegales, jueces, fiscales y secretarios judiciales celebraron ayer una jornada formativa, fruto del convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y el Consejo General del Poder Judicial.

En este sentido, Fernando Solsona, juez de Menores, señaló que con la legislación española actual «el señor que en su casa se baja música o películas para su consumo propio» no estaría cometiendo un delito desde el punto de vista penal. No obstante, para el magistrado se podrían articular otras vías como la civil para perseguir la conducta de estos usuarios.

Aún así, también por la vía civil existen barreras. En este caso, el problema, según Solsona, radica en la identificación del usuario ya que se puede conocer la dirección IP desde la que se está realizando la descarga, pero sólo las operadoras de telefonía pueden facilitar el nombre de a quién corresponde esa IP. Una información que nada más aportarían con una orden judicial, «que -añadió el juez- en el ámbito civil es dudoso que pueda darse». En definitiva, «con la legislación actual sólo puede facilitarse en el caso de que se esté cometiendo un delito. Por ejemplo, si alguien se está descargando pornografía infantil», argumentó.

El magistrado afirmó que cree probable que en España se adopte alguna normativa dirigida al cierre de páginas desde las cuales se realizan las descargas, «que es distinto que atacar al usuario».

Para el Fiscal Superior de La Rioja, Juan Calparsoro, las descargas son un tema complejo de abordar. En primer lugar hay que hacer una valoración jurídica de la ilicitud del hecho y luego determinar hasta qué punto se puede perseguir penalmente.

«Lo que está claro es que conforme a la legislación de propiedad intelectual algo hay que hacer», dijo. Aunque el delito contra la propiedad intelectual ha existido siempre, el fiscal cree que referido a Internet es más difícil de perseguir y más cuando se mezclan los intereses de los consumidores y de la propiedad intelectual. En La Rioja apenas se registran casos de descargas ilegales «o al menos no se denuncian», apuntó Calparsoro.

En la jornada también se trataron, entre otros aspectos, la atribución o no de la instrucción de los procesos penales al fiscal, ahora en manos de los jueces. En este sentido, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que es miembro Juan Calparsoro, es favorable a que asuma la instrucción el fiscal, «pero a nivel doctrinal hay un sector mayoritario que es partidario de que continúe a cargo de los jueces», detalló.

El consejero de Administraciones Públicas, Conrado Escobar, que inauguró ayer las jornadas, explicó que con esta formación se persigue que los jueces se anticipen a las nuevas necesidades en materia de justicia, lo que «garantizará que las sentencias tengan gran nivel en La Rioja». En el acto inaugural también participaron el director general de Justicia e Interior, Miguel Sáinz; y la subdirectora de Justicia, Cristina Maiso.