Piden 7 años de carcel para un acusado de un espionaje industrial

La Fiscalía de Guipúzcoa pide penas que suman 7 años de cárcel y 24.000 euros de multa para un profesional acusado de espionaje industrial a una empresa de Elgoibar "dedicada a la fabricación de máquina herramienta de alta tecnología" y a la que presuntamente causó pérdidas por valor de 674.00 euros.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que hoy ha tenido acceso Efe, el imputado es uno de los tres socios de la firma, que cuando ocurrieron los hechos dirigía "la oficina técnica encargada del diseño y planificación de las máquinas" que producía la empresa.

El texto de la Fiscalía explica que el acusado pretendía "apoderarse de la base de conocimiento mercantil acumulada por la empresa durante décadas de actividad", ya que tenía intención de abandonarla y presuntamente estaba "decidido a dejarla hundida tras su marcha".

El escrito aclara que, supuestamente movido por esta intención, el inculpado "comenzó a copiar gran cantidad de archivos del sistema informático" del que se servía la empresa para crear planos de las máquinas, unos documentos que suponían "una de las principales ventajas competitivas" de la firma respecto al resto de compañías del sector.

Entre el material presuntamente copiado por el acusado se encontraban "planos de máquinas diseñadas y fabricadas por la empresa, y correos electrónicos de comunicación entre la firma y sus proveedores y clientes", algo que al parecer hizo con la intención de "poder sustituir la actividad industrial" de la compañía "en caso de establecerse por libre" o de asociarse con alguno de sus "competidores".

De esta manera, se apoderó presuntamente de 49.652 copias de archivos informáticos de la empresa que fueron descubiertos en dos discos duros que fueron incautados en su domicilio.

Paralelamente a estos hechos, el acusado "se dedicó a borrar" del sistema informático de la empresa "algunos de los archivos que ya había copiado y modificó otros para que los planos no fueran útiles para la fabricación" porque faltaban "elementos esenciales para el proceso de construcción" o porque alguna de las medidas había sido "alterada".

De esta forma, resultaron afectados 171 archivos "de gran importancia", pues "la extrema precisión de las máquinas" fabricadas por esta empresa "hace que la más mínima alteración" suponga la "práctica inutilidad" del dispositivo fabricado.

A pesar de que la compañía realizaba periódicamente copias de seguridad de los datos, no se ha podido conservar la "integridad" de los archivos informáticos presuntamente saboteados, y "no ha sido posible" su "completa restauración".

El Ministerio Público considera que estos hechos constituyen un delito contra el mercado y los consumidores en su modalidad de espionaje industrial y otro de daños por sabotaje informático, por los que pide para el procesado penas que suman siete años de prisión y 24.000 euros de multa, y que éste indemnice a la empresa perjudicada con 674.310 euros.

La Fiscalía de Guipúzcoa ya hizo referencia a este caso en su memoria correspondiente al año 2008, en la que avisaba de la "preocupante" aparición del delito de "espionaje industrial" relacionado con la delincuencia informática en este territorio.

En aquel documento explicaba que "la especial pujanza de la industria de la máquina-herramienta de alta tecnología" en Guipúzcoa constituye "el caldo de cultivo idóneo para este tipo de conductas" y alertaba de que "la copia inadvertida de datos empresariales sensibles, o bien su destrucción, son fenómenos que pueden suponer" cuantiosas pérdidas "en un solo acto ilícito".