La Agencia de Protección de Datos multa a Endesa con 60.000 euros por cambiar los datos de un usuario

La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una sanción de 60.101,21 euros a Endesa Distribución Eléctrica por modificar los datos personales de un usuario sin su consentimiento, informó hoy la Federación de Consumidores en Acción (Facua).

La Federación considera que la multa, contra la que cabe recurso, crea precedente frente al “cúmulo de irregularidades” que, según denuncia, vienen cometiéndose en los últimos años en las contrataciones telefónicas, donde miles de usuarios han denunciado que empresas de distintos sectores, aunque muy especialmente el telefónico, dan de alta o modifican servicios sin su autorización.

La denuncia, presentada por Facua Sevilla en agosto de 2003 en representación de uno de sus socios, ponía de manifiesto que Sevillana de Electricidad, filial del Grupo Endesa en Andalucía, había dejado de enviarle las facturas al domicilio y a la cuenta bancaria que figuraba en su contrato con la compañía para remitirlas a otra dirección y cuenta, también de su titularidad, pero sin haber mediado en ningún momento su consentimiento.

Aunque Endesa argumentó a la Agencia Española de Protección de Datos que el cambio sí había sido autorizado por el usuario a través del teléfono, el organismo ha resuelto que la inexistencia de pruebas al respecto, así como de un documento firmado por el cliente consintiendo la modificación conlleva que se ha producido una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
El artículo 6 de la Ley establece que “el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado”.

Facua critica que los protocolos de seguridad que utiliza Endesa para modificar los datos de sus clientes no pasan por el consentimiento por escrito del usuario, sino que se limitan a la confirmación por la vía telefónica de datos que aparecen en cualquier factura eléctrica y que, por tanto, pueden ser accesibles a terceras personas.

Por ello, advierte de que los usuarios deben exigir a todas las empresas de servicios que les ofrezcan por escrito las condiciones contractuales así como cualquier modificación de sus datos o de las condiciones del contrato.