El PP se enfrenta a una multa por su campaña contra el Estatut

Juan Carlos Merino | La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto un proceso sancionador contra el PP por la presunta comisión de dos infracciones en la recogida de firmas que llevaron a cabo contra el Estatut. Los cuatro millones de firmas que el PP presentó en el Congreso, y que no tuvieron más efecto que disparar la confrontación de los populares con Catalunya, podría acabar costándoles además entre 600 y 120.000 euros.

El PP puso en marcha esta iniciativa el 26 de enero del 2006, y las firmas de apoyo se recabaron mediante un formulario que se podía cumplimentar tanto en las mesas dispuestas al efecto por toda España como a través de su página web directamente o sacando una copia impresa. La campaña despertó un gran revuelo mediático.
Un abogado de Móstoles, José Luis Prieto, comprobó atónito cómo la web del PP admitía cualquier disparate para apoyar la iniciativa. Él mismo firmó virtualmente, pero con el nombre de Osama Bin Laden y un DNI imaginario. También se sumaron, entre otros, Spiderman y Kennedy. Prieto no pasó por alto además que en ningún lugar aparecía la información relativa al tratamiento de los datos personales a que obliga la ley de Protección de Datos, precisamente elaborada por el PP en 1999. Cuatro días después, el 30 de enero del 2006, Prieto presentó una denuncia en la AEPD. Según explicó ayer a La Vanguardia, puso la denuncia a título personal.

Reconoce que actualmente sólo es afiliado de base del PSOE -entre el 2001 y el 2003 perteneció a la ejecutiva municipal del partido en Móstoles-, y que en todo caso utiliza más el carnet de socio del Real Madrid que el carnet socialista. Incluso se extraña de que la dirección federal del PSOE no interviniera ante lo que le pareció una vulneración “clamorosa” de la legislación de protección de datos, o que la AEPD no actuara de oficio. De todos modos, no fue el único: otro ciudadano interpuso una denuncia contra el PP por no inscribir en el registro de protección de datos el fichero en el que se almacenaban las informaciones personales recabadas. Ambas denuncias se acumularon en un expediente.

La AEPD guardó silencio durante todo un año, hasta el pasado 8 de enero cuando su director, José Luis Piñar -nombrado en el 2002 a propuesta del PP-, acordó abrir el procedimiento sancionador. Cuatro días después, el Consejo de Ministros propuso al Congreso a Artemi Rallo como sustituto de Piñar.

El PP tiene ahora 15 días para alegar y la AEPD dispone de seis meses para resolver el proceso. Si prospera la sanción, el PP podrá recurrir por la vía contencioso administrativa, lo que judicializaría el asunto.