El fraude en el uso de datos puede acarrear multas de 600.000 euros

El director de la Agencia Estatal para la Protección de Datos, Artemi Rallo, subrayó ayer que las sanciones por el uso ilegal de este tipo de información puede acarrear multas de hasta 600.000 euros, de acuerdo a la nueva ley orgánica que regula este tipo de actividades.

Rallo pronunció una conferencia organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de León, a la que asistieron Francisco Flecha, vicerrector de relaciones institucionales de la Universidad de León, José Luis Merino, director de la Escuela de Práctica Jurídica, Ricardo Gavilanes, decano del Colegio de Abogados de León y Arancha Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Formación del Colegio de Abogados.

Las sanciones más habituales pueden ir de los 600 a los 600.000 euros: «Las leves se castigan hasta 60.000, las graves hasta 300.000 euros y las muy graves el resto».
Rallo especificó que banca y telecomunicaciones son dos sectores especialmente problemáticos en este apartado «aunque la indebida utilización de las cámaras de videovigilancia está cobrando importancia y a este sector se le une el de los apóstatas que son objeto de una aplicación emergente muy particular», señaló Rallo.

La utilización de internet y de las nuevas tecnologías abre nuevos marcos jurídicos: «Cada acceso a Google se guarda durante 18 meses, por ejemplo y eso genera situaciones de riesgo. También Gmail ofrece contenidos publicitarios acordes al texto de los correos que transmite, gracias a un sistema de filtros comerciales y hay empresas que se dedican a crear perfiles publicitarios…».
El director de la agencia recordó el peligro de los usos del programa E-mule «que ha causado buena parte de los procesos que tenemos abiertos en la actualidad. De hecho hay varios procesos contra un sindicato porque uno de sus trabajadores se dedicó a usarlo en tiempo de trabajo y envió a miles de usuarios datos particulares de otras personas. Es una vulneración de derechos fundamentales».