CIA espía las transferencias económicas internacionales

En el marco de la lucha contra el terrorismo internacional, el Gobierno de los Estados Unidos tras los atentados del 11 de Septiembre, obligó a sus funcionarios a realizar un registro de todas aquellas transacciones bancarias realizadas por personas sospechosas de estar vinculadas al grupo terrorista Al Qaeda.

Este programa secreto, dirigido por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y supervisado por el departamento del Tesoro, que fue aprobado por una simple orden administrativa sin pasar por las Cortes, rastrea millones de transacciones con la colaboración de la Sociedad Internacional para las Telecomunicaciones Interbancarias (SWIFT, siglas en inglés). Ésta última es una entidad privada con su sede principal en Bruselas.

El Banco Nacional de Bélgica (BNB), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE) niegan responsabilidad alguna por el espionaje de cuentas a pesar de que este consorcio asegura que las principales autoridades monetarias del planeta estaban al corriente del pacto secreto existente entre EE.UU. y SWIFT. Bajo el pretexto de que actualmente no existe legislación comunitaria alguna que prohíba el intercambio de información de carácter personal de los ciudadanos europeos dictamina que, por tanto, corresponde a cada uno de los Estados Miembros proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos. En este sentido, el Comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Franttini, reconoce que “Cuando falta, como en este caso, una norma europea para garantizar la transferencia de datos entre una sociedad privada y una autoridad pública, los ciudadanos tienen menos garantías y están menos tutelados“. Así pues, la CE niega tener competencia para juzgar la legalidad o ilegalidad de las transferencias de datos bancarios.
Por otro lado, el Gobierno Belga también pone en duda su responsabilidad. Apuntó que, en primer lugar, se tenía que estudiar si la demanda de información confidencial por parte de EE.UU. a la entidad privada se había producido a SWIFT con sede en Europea (Bruselas), dado que en este caso, tendrían competencia las autoridades belgas y sería de aplicación la legislación belga en materia de protección de datos. O, por el contrario, la solicitud de registro de la base de datos se había cursado a la filial de SWIFT en los EE.UU. (California), en cuyo caso ninguna autoridad europea estaría implicada.

Frente a este conflicto de intereses entre la protección de los Derechos Civiles de los ciudadanos y la política de lucha imparable contra el terrorismo internacional, se manifiesta una vez más la importancia de desarrollar una normativa comunitaria que proteja de forma uniforme los datos personales de los ciudadanos europeos y que, simultáneamente, permita la investigación y cooperación entre Estados para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado, sin invadir áreas de privacidad de la persona, entre ellas la protección de datos.

Aunque parezca increíble, ninguna autoridad parece poder controlar a una empresa que presta servicios a 7.800 entidades bancarias de todo el mundo y cursa los datos electrónicos de transferencias por valor de unos 5.000 millones de euros como media diaria.

La postura de los Estados Unidos
Frente a estas declaraciones, la Cámara de Representantes de los EE.UU. tiene previsto someter a votación una resolución por la cual condena a los medios de comunicación de su país, por haber difundido la existencia de un programa secreto de la administración norteamericana para rastrear las transacciones financieras. Principalmente, fue el periódico The New York Times quien informó de la violación de las libertades individuales de los ciudadanos estadounidenses y extranjeros. Funcionarios de gobierno denuncian que se ha producido una irresponsabilidad por parte de los medios de comunicación al desvelar sus operaciones contraterroristas. Entre sus declaraciones más exasperadas destacamos la del presidente Bush que afirma “Lo que estábamos haciendo era lo correcto. […] Y el hecho de que un periódico lo publique hace que ganar la guerra contra el terrorismo sea más difícil.”

Medidas que se han adoptado en España
FACUA, Federación de Consumidores en Acción, ha dirigido una misiva al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación español, Miguel Ángel Moratinos, en la que le solicita “su intervención ante las presuntas actividades de espionaje llevadas a cabo por el Gobierno de EE.UU. sobre las operaciones financieras de miles de usuarios“. Destaca que cabe la posibilidad de que se haya producido un grave atentado contra los Derechos Civiles de miles de consumidores, entre ellos posiblemente ciudadanos españoles. En cualquier caso, si se confirman estas actividades de espionaje supondrán una grave vulneración de los derechos a la intimidad de los usuarios, a la protección de sus datos personales y a la seguridad de las operaciones financieras. FACUA, además, solicita que “se reclame al Banco de España que aclare si tenía conocimiento de estas prácticas de espionaje y, en cualquier caso, evalúe las medidas que el Gobierno español debe tomar ante el consorcio bancario internacional SWIFT y las entidades relacionadas con el mismo“.

Todo indica que el actual Gobierno republicano de EE.UU. ha vuelto a franquear la línea roja y ha abusado de sus competencias igual que lo hiciera anteriormente con el caso de los vuelos de la CIA o si hacemos memoria, en el 2001 cuando la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) desarrolló un programa que permitía el espionaje de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Todo ello sin contar con una orden judicial que legitimara dichas medidas antiterroristas y justificadas bajo una directiva dictada por el presidente George Bush.

Comparto la postura de los socialistas y liberales europeos que muestran su preocupación por la puesta en práctica de unas actividades claramente ilegales que atentan contra nuestros derechos fundamentales y que ponen en duda la eficacia de las instituciones europeas que declaran su total desconocimiento de estas operaciones que se venían realizando desde hace cinco años.

Las primeras medidas que se han adoptado llegan por parte de un grupo de defensa de las libertades civiles que han pedido a diferentes gobiernos de distintas partes del mundo que bloqueen la divulgación de información que tenga el carácter de confidencial a las autoridades de EE.UU., como protesta frente a sus declaraciones en distintos medios de comunicación que califican de esencial la obtención de dicha información para hacer eficaz la lucha contra el terrorismo.