Banca y seguros acumulan el 34% de las quejas sobre protección de datos

Los sectores de la banca- seguros y telecomunicaciones acumulan el mayor número de quejas y expedientes por reclamaciones relacionados con la protección de datos, según se puso de relieve ayer en la jornada que, sobre este tema, organizó en Sevilla la consultora Marsh y la organización de servicios de consultoría Legitec.
Más de la mitad de las sanciones impuestas en 2006 correspondieron a ambos sectores (34 y 23%, respectivamente), seguida de lejos de las empresas de distribución y venta (9%), solvencia patrimonial y crédito (5%) y publicidad (5%).
El director de Marsh, Juan de Pablo-Romero, explicó que, al igual que sucede a nivel nacional, las negligencias más comunes en Andalucía suelen estar relacionadas con errores tecnológicos, fallos humanos o actos maliciosos de terceros, negligencias que vulneran la Ley de Protección de Datos

Sanciones económicas
Destacó que la «evolución progresiva» de las multas impuestas pasaron de 8 millones de euros en el año 2002 a 24,5 millones en 2006, «lo que da una idea del coste que supone para la empresa no proteger adecuadamente sus datos».
Por su parte, el presidente y consejero-delegado de Legitec, Vicente Moncholí, centró su ponencia en los aspectos prácticos y experiencias en la aplicación de la Ley, citando algunos de los casos significativos ocurridos en Andalucía, como el de una empresa de salud privada obligada a abonar dos sanciones de 300.000 euros por la aparición de expedientes en la calle en el año 2003.

«En 2004, un fallo informático en un ´software´ de página web hizo públicos datos personales de los trabajadores de una compañía aeronáutica. El error le supuso a la empresa una demanda del sindicato de trabajadores que desembocó en una sanción de 60.000 euros», explicó Moncholí.

Ante estas circunstancias, el director de Marsh advirtió de la importancia y utilidad de contar con un seguro de protección de datos, ya que esta herramienta «no sólo cubre las multas y sanciones impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos, sino también los daños a la imagen y las indemnizaciones por responsabilidad civil con las que puede ser castigada la empresa».