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La Agencia Española de Protección de Datos entiende que si el usuario de una red social tiene un alto número de contactos, o tiene su perfil sin restricciones de privacidad, sería un motivo para que a ese usuario se le aplicase todo el régimen de la Ley Orgánica de Protección de Datos y, por ejemplo, tuviera que pedir el consentimiento individualizado para subir fotografías de terceros en su perfil.

La imagen se considera un dato de carácter personal y por tanto, según lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), se debe obtener el consentimiento si queremos realizar un tratamiento sobre una fotografía en la que aparezca una persona cualquiera.

Por otra parte, esta LOPD no se aplica a los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas (artículo 2.2.a), así por ejemplo, no es preciso informar de los derechos que le asisten a un amigo cuando le pedimos su número de teléfono.

En el ámbito de las redes sociales, donde se mueven millones de fotografías todos los días, se cuestiona si la LOPD debería aplicarse a cada uno de los usuarios de esta red social, considerando a cada uno de ellos como un “Responsable del fichero” respecto a la información fotográfica que maneja, comparte.

El tribunal deja en 6.000 euros una multa de 60.000 que impuso la Agencia de Protección de Datos a una empresa de gestión de multas que envió datos erróneos de un conductor a un ayuntamiento referidos a una infracción de tráfico.

En las multas por infracciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal debe tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad, lo que significa atender las circunstancias de cada caso y las actuaciones que adoptan las empresas para cumplir con la normativa.

Una sentencia de la Audiencia Nacional ha rebajado un 90% la multa que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso a una empresa de gestión de multas por filtrar datos personales equivocados a un ayuntamiento referidos a una infracción de tráfico. Este tipo de empresas se encargan de tramitar grandes paquetes de multas, lo que conlleva un amplio tratamiento de datos que surge de gestionar los diferentes trámites por los que tienen que pasar los expedientes. En concreto, este tipo de servicios incluye la impugnación de las infracciones de tráfico que puedan cometerse por los vehículos de la empresa que contrata los servicios y ello motiva que se tengan que presentar escritos para identificar a los conductores.

Es en este contexto donde se produjo la infracción de la normativa de protección de datos cometida por la empresa gestionadora y que le supuso una sanción por parte de la AEPD de 60.000 euros, ahora rebajada a 6.000 por una sentencia de la Audiencia.